El Consejo General de Economistas plantea una batería de cambios. Se trata de medidas "que podrían ayudar a reflotar empresas"

El Real Decreto-ley 16/2020 "deja fuera cuestiones importantes que podrían ayudar a reflotar a muchas empresas y particulares ante la avalancha de concursos que se avecina por el Covid-19". Con esta rotundidad se pronuncia el Consejo General de Economistas, que ha redactado un informe con "propuestas concretas para reactivar la economía una vez se supere la crisis sanitaria" ante las carencias que detectan en la hoja de ruta del Gobierno de España. Entre muchas otras proponen una rebaja del IBI y flexibilizar tributos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades.

El exhaustivo documento plantea además flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor; ampliar la moratoria en la devolución de los préstamos a pymes y autónomos y su periodo de amortización; potenciar la presentación de escritos y notificaciones por medios telemáticos y la facturación electrónica; o establecer un procedimiento de urgencia para que las deudas públicas del Estado con pymes y autónomos "se paguen de inmediato".

"Ha llegado el momento de que las propuestas vayan orientadas a reconstruir el deterioro social y económico que esta pandemia causará indefectiblemente en España, atendiendo no solo al corto plazo sino poniendo el foco de atención en intentar dibujar un posible escenario en el medio plazo. De lo que hagamos hoy dependerá que nuestra recuperación sea más rápida o más lenta", advirtió al respecto el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.

El dirigente destaca que, si bien habrá que definir con mayor detenimiento algunas cuestiones "de gran calado", tales como las inversiones, el modelo industrial, o el mercado de trabajo, "ya se podrían hacer, de forma urgente, una serie de encajes normativos encaminados a afrontar la recuperación y reactivar nuestra economía para cuando superemos la crisis sanitaria que estamos padeciendo". Se trata de "medidas de carácter eminentemente técnico", subraya Pich.
IRPF: cobrarlo por las rentas efectivas

En materia fiscal, los economistas abogan por introducir cambios normativos en los principales tributos. Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destacan dos propuestas. En primer lugar, la de "aproximar los criterios de imputación al cobro efectivo de las rentas".

Para cumplir con ello sugieren la siguiente batería de cambios: "que en el caso de operaciones a plazo, en lugar de imputar las rentas cuando sean exigibles los cobros, hacerlo cuando se cobren efectivamente; que las pérdidas patrimoniales correspondientes a un crédito impagado se puedan computar transcurridos 3 meses desde que se iniciara el procedimiento para ejecutarlo, y no 1 año, como sucede con la norma en vigor; y que puedan considerarse gasto deducible de los rendimientos del capital inmobiliario los saldos de dudoso cobro, además de en situaciones concursales del deudor, cuando entre la fecha en la que se realizó la primera gestión de cobro y el final del periodo impositivo hayan transcurrido 3 meses y no se hubiera renovado el crédito".

La segunda propuesta en materia de IRPF es ampliar el plazo de autoliquidación "más allá del 30 de junio" con el objetivo de facilitar la asistencia técnica a los contribuyentes que "estaban acostumbrados a declarar con ayuda del servicio de cita previa y los que lo hacían visitando y aportando documentación en papel a su asesor".
IVA: reducir la base imponible

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Consejo General de Economistas de España detalla que "sería conveniente flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas y no cobradas".

"Por ello, proponemos modificar el artículo 80.4 de la LIVA, en el sentido de rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que, con la redacción vigente, son de un año y de 6 meses para grandes empresas y pymes, respectivamente", plantea el organismo.
IBI: rebaja a los afectados por el virus

Y por lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), los economistas exponen que, "como muchas actividades económicas se verán seriamente afectadas durante el ejercicio, sería razonable establecer una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales afectos a las mismas".

En materia tributaria, los economistas también abogan por "facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes". "Como es posible que determinadas autoliquidaciones tributarias se tengan que ingresar fuera de plazo, para incentivar que se realice sin requerimiento previo, se propone avanzar en la reducción de los porcentajes de los recargos –artículo 27.2 LGT– como estaba ya previsto en el Anteproyecto de ley de medidas antifraude redactado en la anterior legislatura", detallan.

9 cambios en Sociedades

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, los economistas abogan por introducir un total de nueve modificaciones que inciden en cuestiones como una ampliación de la Reserva de Nivelación, la libertad de amortización, los contratos de arrendamiento financiero, la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros, la compensación de bases imponibles negativas y la aplicación de deducciones de ejercicios anteriores, las pérdidas por deterioros de créditos, la deducción por inversiones relacionadas con el teletrabajo y las medidas de distanciamiento, la deducción por donativos, donaciones y aportaciones, y la ampliación del plazo de autoliquidación.

Flexibilizar los ERTE

En materia laboral, el Consejo General de Economistas propone "una serie de medidas que favorezcan la vuelta al trabajo con garantías de salvaguarda del empleo, minimicen el coste empresarial y permitan una progresiva recuperación".

En concreto, abogan por que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de su facturación real; flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes; unificar los requisitos, procedimientos y plazos en temas laborales en todas las comunidades autónomas; la suspensión de la norma del registro laboral hasta que se termine el periodo de teletrabajo; considerar suficiente una reducción de ingresos del 50% para poder recibir la prestación por cese de actividad y también en la tramitación del ERTE por causas económicas; y eximir de la cotización y pago de las cuotas de autónomo durante los dos primeros años de actividad a las actividades de base tecnológica.