Las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia piden al Ejecutivo que garantice la prestación de cese de actividad hasta el 30 de junio

Las tres principales asociaciones de trabajadores autónomos ATA, UPTA y Uatae, tuvieron ayer la primera reunión interministerial con los responsables de Economía, Nadia Calviño; Trabajo, Yolanda Díaz; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá para evaluar el impacto de la crisis en el colectivo.

Una de las principales conclusiones que sacaron los representantes de los autónomos de este encuentro es que “el Gobierno tiene claro que las ayudas a determinados colectivos deben ir más allá del 30 de junio”, dijo ayer el presidente de ATA, Lorenzo Amor tras el encuentro. Aunque no precisaron cuáles serán estos trabajadores que mantendrían los beneficios que tienen actualmente, acordaron con el Ejecutivo monitorizar las actividades para decidir conjuntamente quienes seguirán bajo protección.

De momento, estas asociaciones reclamaron a los ministros que prorroguen la prestación extraordinaria por cese de actividad –que ya han cobrado 1,3 millones de autónomos, aproximadamente el 40% del colectivo– hasta el 30 de junio. Actualmente la ley establece esta ayuda hasta el último día del mes en el que termine el estado de alarma, por lo que ahora mismo su cobro está vigente hasta el 31 de mayo. Su duda es qué ocurrirá si el Gobierno no lograra los apoyos suficientes para prorrogar hasta junio el estado de alarma. Por ello, demandan que, en cualquier caso, la prestación por cese de actividad llegue hasta el final de junio a todos los que ya son beneficiarios aunque para ello haya una modulación de las exenciones de cotizaciones, como ha ocurrido en el caso de los ERTE.

Asimismo, Amor aseguró ayer que Calviño se comprometió a estudiar la situación de unos 150.000 autónomos estacionales, que habitualmente se dan de alta de mayo a octubre para la campaña de verano. Es el caso, por ejemplo de 40.000 feriantes o los técnicos y trabajadores de montajes de grandes conciertos y eventos estivales. Este colectivo no accedió a la prestación por no estar de alta en la Seguridad Social el 14 de marzo.

Junto a esto, reclamaron un mayor acceso a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial a través de avales públicos, de los que se han beneficiado, dijeron, unos 300.000 autónomos y otros 600.000 que lo han solicitado “están en un limbo por culpa del banco o por culpa del ICO”·. En este sentido ATA pidió al Ejecutivo que supere los 100.000 millones de esta financiación.-

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, reclamó la prohibición del periodo de rebajas hasta, como mínimo el 15 de agosto, para proteger al pequeño comercio.

Asimismo, desde ATA reclamaron el paso automático de la prestación extraordinaria de cese de actividad a la ordinaria, en el caso de que el autónomo se vea obligado a cerrar su negocio definitivamente.