Esade propone el modelo Mankiw, una especie de préstamos rápidos a corto plazo que se devolverán con impuestos proporcionales a la pérdida de ingresos del trabajador

El Gobierno español, al igual que los del resto del mundo, ha puesto en marcha medidas económicas paliativas para intentar mitigar el parón de la actividad generado por la crisis de la pandemia de Covid-19. En el caso español destacan la generalización de Expedientes de Regulación temporal de empleo (ERTE) que han protegido el empleo de 3,4 millones de trabajadores; la prestación extraordinaria por cese de actividad a 1,4 millones de autónomos; avales públicos para créditos a empresas por valor de 100.000 millones de euros o, ahora, la proxima aprobación de una nueva prestación asistencial, el ingreso mínimo vital para completar la ausencia de rentas o los bajos ingresos de hasta un millón de familas.

Si bien, un trabajo de la escuela de negocios Esade, liderado por el director de su Center for Economic Policy & Political Economy (EsadeEcPol) y ex responsable económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha puesto de manifiesto distintos inconvenientes del tipo de ayudas aprobadas por el Ejecutivo español como la tardanza de las ayudas en llegar a sus beneficiarios o el hecho de dejar fuera, por ejemplo a quienes están en la economía irregular. Ante esto, estos economistas proponen, como alternativa, otro tipo de ayudas de caracter directo y general para casi toda la población.

Concretamente exponen la propuesta de renta pandemia del economista estadounidense Gregory Mankiw consistente en "una transferencia de efectivo a cualquier persona en edad de trabajar mientras dura la crisis que, al año siguiente (o a lo largo de varios años), se devolverá a través de la recaudación un impuesto extraordinario proporcional a la pérdida total de ingresos sufrida en 2020, con respecto a 2019". Si bien, dicho impuesto se limitaría a la cantidad de la transferencia de efectivo recibido por esta ayuda, explican.

En la práctica, los números que manejan para una propuesta básica sería, por ejemplo, abonar una renta de1.000 euros a todos los adultos de 18 a 65 años por ejemplo durante 3 meses, tiempo aproximado de duración de las medidas de distanciamiento que limitan el trabajo. Esto tupondía bonar esta ayuda un total de 30 millones de personas (aproximadamente, el número de personas de 18 a 65 años que hay en España).El coste inicial de esta medida sería de 90.000 millones de euros, el 7 % del PIB.

Sin embargo, al año siguiente (o siguientes, como se determine) la población no afectada por la pérdida del empleo o de ingresos en 2020 reembolsaría totalmente el efectivo percibido (3.000 euros) y esta prestación habría sido, en realidad, como un préstamo a corto plazo. A esto añaden la suposición de que un 25% de la población adulta quede en el desempleo y experimente una reducción del 25% de sus ingresos este año, con respecto a 2019. Este colectivo reembolsarían al año siguiente por medio del impuesto extraordinario antes citado, el 75 % de los pagos de efectivo que hubieran recibido, lo cual se traduciría en una transferencia neta de efectivo de 750 euros.

Mientras que otro 25% de la población activa habría perdido la mitad de sus ingresos durante este período de tres meses. En este caso, las personas afectadas por una caída de los ingresos del 50 % durante los tres meses recibirían una prestación neta de 375 euros.

De esta manera, con la devolución total o parcial de esta ayuda, los ingresos fiscales extraordinarios totales ascenderían a los 81.500 millones de euros, de modo que el coste presupuestario neto de esta medida sería de 8.500 millones de euros, eso es, el 0,68% del PIB. Este coste neto se aminoraría, sobre todo, por la devolución total de las ayudas de aquellos no afectados, precisan.

Según sus estimaciones, "la ventaja de un programa de este tipo es que cubre a todas las personas potencialmente afectadas por la crisis y es fácil de gestionar desde el punto de vista administrativo, porque los criterios de elegibilidad son mínimos, y por tanto la transferencia de efectivo puede llegar a la gente que lo necesita en un breve plazo de tiempo. Además, el enfoque a posteriori permite reducir el coste del programa, con lo cual resulta más eficiente", aseguran.

Los autores de esta propuesta indican, además, que la literatura sobre emergencias y desastres muestra que las transferencias temporales incondicionales probablemente son mejores que otras alternativas. Así, indican que, según el Banco Mundial, existen actualmente 130 nuevas iniciativas de transferencia de efectivo que se han introducido como respuesta a la crisis de la Covid-19.

Algunas de estas medidas de transferencia directa y generalizada de rentas ya se aplicaron en el contexto de algunos desastres naturales recientes, por ejemplo, como respuesta al tsunami que azotó el océano Índico en 2004, al terremoto de Sudáfrica en 2005, a los huracanes Katrina y Rita de los Estados Unidos en 2005 y a las inundaciones de Alemania en 2002 (Harvey, 2007).