La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado este jueves por la puesta en marcha de un Plan de Inversiones y Reformas capaz de impulsar el crecimiento y la transformación de la economía española a lo largo de los próximos dos años.

Este plan, que requerirá "un importante volumen de inversión pública y privada", se enmarcará en el plan de recuperación de la Unión Europea, ha explicado durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

El plan se basará en seis "ejes o pactos": la transición ecológica, la transformación digital, el empleo y la formación profesional, la ciencia -con el objetivo de lograr que la inversión en investigación y desarrollo sea de al menos el 2 % del PIB-, los servicios públicos y la transformación del sector agroalimentario, en línea con el reto demográfico.

Este plan a medio plazo se enmarca en la agenda europea, ha insistido Calviño, que ha valorado la "ambiciosa" propuesta de la Comisión Europea de creación de un fondo aunque "queda mucho por hacer" y hay "resistencias formidables" por parte de algunos países.

En cualquier caso, ha reconocido que las medidas para afrontar las consecuencias de la epidemia de coronavirus supondrán un costes importante y lastrarán las cuentas públicas, aunque el objetivo del Gobierno es retomar la senda de consolidación fiscal -con un sistema fiscal sólido y mayor eficacia del gasto- cuando la economía vuelva a crecer.

En ese sentido, la vicepresidenta ha señalado que "si la desescalada continúa como hasta ahora" la economía evolucionará tal y como se preveía, en forma de uve asimétrica, con una recuperación "a partir de ahora" que será intensa el próximo año.

Para lograr este objetivo, ha subrayado que es necesario "el concurso de todos", es decir, partidos políticos, los agentes sociales, los trabajadores y las empresas.

Sin embargo, ha destacado que el trabajo para la recuperación "empezó en el primer momento de la crisis" con medidas como el apoyo a la liquidez de las empresas, que han permitido suscribir 491.000 operaciones de avales desde su puesta en marcha, el 98 % de ellos a autónomos y pymes, por un importe de 46.600 millones de euros avalados y 61.000 millones de euros movilizados.