El Gobierno ha establecido un plazo máximo de tres meses para la resolución de expedientes por parte del Fogasa, organismo que avala el pago de indemnizaciones y salarios a los trabajadores de empresas en quiebra, ante la posibilidad de que la crisis provoque un repunte de las insolvencias empresariales.

Pasado ese plazo de tres meses, el silencio administrativo por parte del Fondo de Garantía Salarial se entenderá como una resolución positiva.

Además de para dar cumplimiento a las diferentes sentencias judiciales, los expertos consultados apuntan que es posible que el Gobierno haya decidido agilizar el cobro de estas prestaciones, teniendo en cuenta el colapso que se produjo en lo peor de la pasada crisis económica.

Para ello se ha introducido -en una de las disposiciones finales del real decreto-ley publicado esta semana con medidas complementarias ante la COVID-19- un nuevo apartado en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores sobre Fogasa.

El nuevo punto fija que cuando el fondo abra un expediente "para la comprobación de la procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados" y una vez concluida la instrucción, "dictará resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud".

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, añade el texto, el solicitante "podrá entender estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fondo".

Un reconocimiento, añade, que en ningún caso será a favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por encima de los límites máximos fijados por ley.

En la anterior crisis económica el periodo medio de tramitación superó los 12 meses, lo que llevó a un atasco de más de 150.000 expedientes sin resolver, tal y como denunciaron en diferentes ocasiones CCOO y UGT.

Desde CCOO, la responsable del gabinete jurídico, Eva Urbano, ha explicado que este cambio normativo viene a recoger un silencio positivo que ya había sido reconocido por los Tribunales en varias sentencias.

A su juicio, aunque en principio servirá para facilitar los cobros, considera que su ambigua redacción no evitará a los trabajadores tener que seguir recurriendo a los tribunales si la administración no les paga la indemnización.

El Fogasa destinó 520,9 millones de euros al pago de prestaciones en 2019, lo que supone un descenso del 6,3 % respecto al año anterior y marca la menor cifra desde 2008 (434 millones).

Los abonos realizados por Fogasa marcaron un máximo histórico en 2014, uno de los peores años de la crisis en cuanto a destrucción de empleo y cierre de empresas, con 2.288,6 millones de euros pagados en prestaciones y, desde ese momento, ha acumulado cinco años consecutivos de descensos.

En los cuatro primeros meses de este año, en total se han abonado 169,5 millones de euros, un 15,5 % más que en el mismo periodo del año pasado, de los que 99,7 millones de euros respondieron a indemnizaciones y 69,8 millones, a salarios.

Entre enero y abril Fogasa ha tramitado 22.217 expedientes (23 % más), que afectaban a 7.597 empresas (1,7 % menos) y a 25.560 trabajadores (18,3 % más).

En función del motivo de la solicitud de abono, 78,2 millones respondieron a ejecuciones laborales, 91,2 millones a procedimientos concursales y 55,2 millones a indemnizaciones de responsabilidad directa.

Teniendo en cuenta la actividad empresarial de las compañías afectadas, Fogasa destinó la práctica totalidad del importe a abonos a empresas "sin actividad definida" (168,3 millones).

Muy de lejos, destacan los casi 416.000 euros dedicados a abonos a trabajadores de la construcción y los más de 172.000 euros, de la hostelería.