La Seguridad Social ha contratado 500 trabajadores de la empresa pública de servicios Tragsa para gestionar y reconocer la nueva prestación de ingreso mínimo vital

Los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor aún mantienen su vigencia, en las actuales condiciones adecuadas a la crisis sanitaria, hasta el 30 de junio. Así lo acordó el Gobierno con los agentes sociales, quienes ahora están negociando también prorrogar estos ERTE por fuerza mayor que, a diferencia de los que tienen causas objetivas (técnicas, económicas, organizativas o de producción), llevan aparejadas exoneraciones del pago de cotizaciones empresariales en distintos porcentajes.

Sin embargo, pese a que este tipo de ERTE han sido la mayoría en respuesta a la crisis del Covid-19, muchas empresas no pueden argumentar fuerza mayor porque su actividad no ha sido suspendida o así lo considera la autoridad laboral por otros motivos. Ante esta circunstancia, muchas compañías están optando por recurrir a los ERTE por causas objetivas, que aunque resultan más caros porque no tienen exoneraciones, no necesitan que la autoridad laboral les de el visto bueno para hacerlos.

Así, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informó ayer durante la rueda de prensa para explicar los datos de afiliación, que mientras los ERTE por fuerza mayor disminuyeron en mayor un 15% respecto a abril, afectando a 2,6 millones de trabajadores, los ERTE por causas objetivas se dispararon un 20% el mes pasado hasta sumar casi 400.000 personas con su empleo suspendido por uno de estos ajustes alternativos a los de fuerza mayor.

Además, Escrivá aportó los datos que muestran los sectores afectados por ERTE que más se están acogiendo a la nueva modalidad de ajuste “parcial” y ya han incorporado a parte de su plantilla a la actividad. Así, en mayo habrían vuelto a trabajar entre el 35% y el 50% de los afectados de la industria del cuero y el calzado; la construcción de edificios; otros servicios personales; la fabricación de vehículos de motor y la fabricación de productos de caucho y plásticos.

El titular de Seguridad Social también confirmó que el Gobierno está negociando con las asociaciones de trabajadores autónomos para mantener la prestación extraordinaria por cese de actividad –que ya cobran 1.430.000 trabajadores por cuenta propia– más allá del 30 de junio solo para algunos sectores o circunstancias. Asimismo, Escrivá informó de que el 80% de los autónomos del sector de juegos de azar y de comidas y bebidas cobran esta prestación.

Refuerzo de Tragsa

Escrivá también anunció ayer que la Seguridad Social ha contratado a 500 personas de la empresa pública de servicios Tragsa para colaborar en el reconocimiento y gestión de las nuevas prestaciones del ingreso mínimo vital.

Asimismo confió en que en aproximadamente dos meses esté listo el reglamento que fijará las condiciones para compatibilizar esta nueva prestación con un trabajo cuyas rentas salariales eleven los ingresos del hogar por encima de la renta mínima garantizada. "Se tiene que decidir cual es la cuantía que podrá sobrepasar el mínimo garantizado y durante cuánto tiempo", explicó el titular de Seguridad Social.

De igual forma, dijo que ya ha iniciado contactos empresariales para el diseño del futuro Sello Social que se otorgará como reconocimiento a las empresas que propicien empleo o formación a los beneficiarios del ingreso mínimo vital y que espera que esté listo también "en unos meses".