El volumen de nuevos créditos de hasta un millón registrado en abril es inédito. El total de financiación empresarial en el mes es la mayor desde 2011 y los tipos repuntan

En abril, pese a ser el primer mes completo bajo el estado de alarma y arrancar con el cese de toda actividad no esencial en sus primeros días, el volumen de nuevo crédito a empresas se disparó un 46% sobre marzo hasta los 53.343 millones de euros, más del doble que en febrero y el monto más elevado desde junio de 2011. En préstamos de menos de un millón, los que habitualmente solicitan pymes y autónomos, el salto fue del 75%, hasta los 27.876 millones, la cifra más alta de la serie histórica que el Banco de España recopila desde 2010.

El incremento es aún más acusado en algunos tramos de crédito, aquellos de entre 250.000 euros y un millón de euros, dirigidos fundamentalmente a empresas medianas. Su concesión se elevó un 193% en abril hasta los 12.046 millones de euros. Un monto inédito en todo el registro del supervisor financiero.

En el caso de los préstamos de menor tamaño, aquellos de hasta un máximo de 250.000 euros, el aumento fue algo más moderado, pero igualmente relevante, del 34%. Se batieron así también todas las marcas conocidas alcanzando un total de 15.832 millones de euros.

El excepcional impacto del plan de avales públicos en la financiación de estos segmentos empresariales responde a que el programa ha puesto el foco en garantizar la financiación bancaria a pymes y autónomos. De momento, el Gobierno ha liberado ya 84.500 millones de los 100.000 prometidos, reservando específicamente para las compañías de menor tamaño y los pequeños empresarios el 71% del montante disponible.

Pero incluso en el caso de las grandes compañías, aquellas que solicitaron créditos de más de un millón, la financiación experimentó un alza del 23% en abril hasta los 25.465 millones, la más alta desde 2015. La cifra casi se igualó, eso sí, el pasado diciembre, mes en el que tradicionalmente se dispara la financiación media anual.

Pese a que su volumen de financiación no fue, por tanto, tan excepcional como el del resto, el grupo de las grandes empresas disfrutó, eso sí, del coste más bajo abonado por la financiación empresarial. El tipo de interés medio ponderado de los créditos de más de un millón de euros se situó en el 1,51% en abril.

Mientras tanto, las empresas que recibieron créditos de hasta 250.000 euros abonaron un tipo del 1,83% y aquellas que recibieron préstamos desde ese entorno y hasta el millón de euros pagaron un tipo del 1,67%. En los tres casos se trata de un repunte de los precios registrados en marzo, si bien el de las grandes empresas solo es el más alto desde febrero; el de las pequeñas es el más elevado desde agosto de 2019 y el de las medianas es un interés no visto desde septiembre de 2017.

La diferencia de costes entre segmentos y la subida generalizada puede resultar paradójica tratándose de una financiación en la que el Estado asume el grueso del riesgo de las operaciones que aprueba la banca. En concreto, los avales cubrirían ocho de cada 10 euros impagados por pymes y autónomos; siete de cada 10 de las empresas de mayor tamaño y seis en el caso de líneas de crédito preexistentes que sean renovadas.

Sin embargo, y más allá de la necesidad de la banca de aprovechar para hacer algo de caja en un momento también delicado para sus márgenes, hay que tener en cuenta que ese riesgo del 20% al 40% de morosidad que aún asumen las entidades es más acusado que en otras ocasiones habida cuenta la maltrecha e incierta situación económica que deja la crisis del coronavirus. La graduación del aval tampoco llega a revertir la tendencia tradicional de que el tipo sea más bajo para préstamos más levados.

Dado el grado de cobertura ofrecido, se estima que el Gobierno conseguirá movilizar un 30% de crédito extra sobre los avales, inyectando unos 130.000 millones a la economía. En todo caso, y a falta de que el Ejecutivo libere aún el último tramo de garantías prometidas, crecen las voces que piden ampliar el plan, como han hecho las patronales –que reclaman 200.000 millones– o la OCDE, esta semana.