Cese extraordiario ampliado y selectivo, autoempleo rural y protección a edades críticas serán otros apartados sobre los que planean cambios.

El Congreso pide al Gobierno a que mantenga el apoyo a los autónomos y a que se reforme el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno central a que apoye a estos trabajadores para que puedan mantener su actividad productiva tras la crisis provocada por la Covid-19. Pero, ¿qué medidas serán exactamente las que se plantean?

La iniciativa parte del Grupo Parlamentario Republicano, aunque ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista, ya que se ha introducido una enmienda de este grupo parlamentario.

Según han dicho, la reforma del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos sería a fin de establecer el sistema de cotización por ingresos reales. Se trata de una propuesta que ya se ha planteado en varias ocasiones.

Seguimiento de la prestación extraordinaria

En ese sentido, según la proposición no de ley el Congreso ha pedido al Ejecutivo que haga un seguimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para que valore su prórroga en función de los sectores que requieran más ayuda por la crisis sanitaria.

A su vez, la propuesta contempla el estudio de nuevos aplazamientos temporales en deudas de los autónomos con la Seguridad Social. Con un interés especial que pudiera acercarse paulatinamente al interés de demora establecido en la Ley General de la Seguridad Social.

Un plan para el empleo autónomo

Por otro lado se ha aprobado la constitución del Consejo de Trabajo Autónomo y se ha solicitado que en la mesa de diálogo social se diseñe un plan estratégico para el empleo autónomo. Dicho plan, de acuerdo a los parlamentarios, debería contemplar la digitalización de la economía, la fijación de la población en el territorio favoreciendo el autoempleo rural, así como actuaciones para colectivos especiales como los mayores de 52 o los menores de 30 años, las mujeres y las personas con discapacidad, y los autónomos con actividad estacional; y garantizar de forma efectiva la igualdad en la prestación laboral por cuenta propia.