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El Gobierno bajará el canon a empresas de playa afectadas por la crisis del coronavirus
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que su departamento ultima una norma que permitirá que las empresas y actividades vinculadas a las playas paguen menos cantidad por el canon anual de ocupación del dominio público marítimo terrestre, debido a la crisis del coronavirus.
Ribera ha hecho esta consideración en el Pleno del Senado al responder a Jordi Martí, de ERC, quien preguntó a la vicepresidenta qué medidas va a adoptar el Gobierno para la liquidación del canon de costas de este año.
Las empresas que cuentan con autorización o concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre y realizan actividades vinculadas con las playas (bares, restaurantes, chiringuitos, quioscos, alquiler de hamacas o actividades náutico-recreativas) deben abonar un canon anual al Estado.
Martí indicó que, una vez levantado el estado de alarma, las empresas ven "peligrar" la temporada veraniega por la incertidumbre de la apertura de fronteras, que permitiría recibir turistas extranjeros, y por las medidas sanitarias para contener el Covid-19, como limitaciones de aforo o el distanciamiento social.
Comentó que el turismo internacional podría caer este año entre un 58% y un 78%, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), por lo que el Gobierno tiene que contribuir a "asegurar la viabilidad económica" de las empresas costeras y el mantenimiento de los empleos ante la "más que probable reducción de los ingresos".
Pago proporcional
Ribera dio la razón a Martí y admitió que los titulares de autorizaciones o concesiones se han visto "enormemente afectados" por la crisis del coronavirus, por lo que su departamento se encuentra "ultimando" un marco normativo sobre el canon anual de costas.
Indicó que esa norma será "razonable y proporcionada" y permitirá el pago "proporcional" del canon respecto al "uso efectivo" que las empresas hagan de la ocupación del dominio público marítimo terrestre durante este año, teniendo en cuenta que su actividad se ha visto afectada "de forma importante" desde el pasado mes de marzo.
Los criterios de reducción proporcional del canon se basarán, según Ribera, en la excepción (cuando las empresas han tenido que cerrar), la limitación del aforo o la inclusión de distancias de seguridad interpersonal.
Ribera consideró "más difícil" la propuesta de Martí de que se amplíe la superficie ocupada, aunque añadió que podría producirse "siempre y cuando se respeten los usos públicos de las playas, cosa que no siempre ocurre, dependiendo de la orografía de cada playa".
Devolución
Apuntó que se devolverá el canon pagado en efectivo en muchas demarcaciones de costas y calificó de "razonable" retrasar la liquidación definitiva del canon a seis meses después de la finalización del estado de alarma, es decir, hasta finales de este año.
Martí había propuesto a Ribera la exención del canon de costas en las actividades forzadas al cierre, una bonificación mínima del 50% en los establecimientos afectados por el estado de alarma, un aumento excepcional de la superficie ocupada para cumplir las medidas sanitarias de distancia de seguridad y posponer el pago del canon seis meses después de que concluyera el estado de alarma, lo que ocurrió el pasado 21 de junio, y permitir su fraccionamiento.
"El Gobierno debe actuar con celeridad y tomar decisiones con carácter urgente para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el sector de las actividades y empresas de playa", concluyó.