El Gobierno ha decidido ampliar dos meses más, hasta el 1 de diciembre de este año, la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la liquidez de pymes, autónomos  y empresas, dotada con 100.000 millones de euros, recogida en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Según recoge este miércoles el BOE, el Ministerio de Asuntos Económicos cree que el éxito de la línea de avales es "innegable" y destaca que el ICO ha procedido a la liberación de los avales "con absoluta presteza", sin embargo, considera conveniente ampliar el plazo de solicitud de los avales desde el 30 de septiembre hasta el 1 de diciembre para hacer frente a los problemas de las empresas tras el estallido de la crisis del coronavirus. De la misma forma, se extiende el plazo de los avales para las operaciones formalizadas por CERSA hasta la misma fecha.

El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a esta propuesta, además de a la aprobación de un primer tramo de 8.000 millones de una nueva línea de avales de 40.000 millones destinada principalmente a apoyar proyectos de inversión, y ya no solo problemas de liquidez.

"La liquidez avalada por este primer tramo se focalizará en nuevos proyectos de inversión dentro del territorio nacional, en la cobertura de los gastos corrientes y de capital relacionados con las nuevas inversiones o con el proceso productivo y de servicio, en la ampliación, adaptación o renovación de los equipos, instalaciones y capacidades, así como en los gastos asociados al reinicio de la actividad", reza la orden.

Asimismo, muchos de los principios de la línea de avales anterior siguen presentes en esta. En particular, la financiación avalada por el Estado continuará dirigiéndose a empresas que no tengan su sede en paraísos fiscales y la financiación con aval público no podrá emplearse para fines como el pago de dividendos. Se mantine también que el aval garantizará el 80% de las nuevas operaciones de autónomos y pymes y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas.

De esos 8.000 millones del primer tramo, 5.000 millones serán garantías para autónomos y pymes y los 3.000 millones para otras empresas. Las entidades interesadas podrán solicitar la garantía para sus operaciones también hasta el 1 de diciembre de 2020.

En función del régimen aplicable según la normativa de la Unión Europea, establece que el importe máximo por cliente será de 1,5 millones de euros, con un plazo no superior a ocho años, en una o varias operaciones. Se pueden recibir avales de hasta 50 millones e incluso por encima de esa cantidad. El plazo de cobertura de amplía a ocho años (frente a los cinco de la línea de liquidez) para ajustarlo al mayor plazo de amortización que requieren las inversiones.

Asimismo, el BOE mandata al ICO para que antes del 10 de septiembre de 2020 disponga de lo necesario para la puesta en marcha de forma efectiva de esta línea de avales, sin que se requiera desarrollo normativo o administrativo posteriores para su aplicación.