Yolanda Díaz entiende que no sería el escenario ni el momento ideal negociar en diciembre una posible nueva prórroga

El Gobierno contempla prorrogar los ERTE de fuerza mayor más allá del 31 de diciembre, fecha que consta en el borrador de las negociaciones que se llevan a cabo entre el Gobierno y los agentes sociales, para que la campaña de Navidad no enturbie una eventual negociación de una nueva prórroga. Además, según ha indicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es “sensible” a la demanda de los sindicatos de mantener la cuantía de la prestación en el 70% de la base reguladora del salario, en lugar de rebajarla al 50% a los seis meses, como adelantó EL PAÍS el pasado viernes.

El Gobierno, sindicatos y patronales se reúnen de nuevo este lunes para seguir negociando la prórroga, más allá del actual plazo del 30 de septiembre, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los que siguen inmersos más de 700.000 trabajadores como consecuencia de la pandemia de covid-19. La intención de los negociadores es tener un acuerdo esta semana y hay consenso en que se alarguen más allá del 31 de diciembre. En el último encuentro ya se presentó un borrador en el que se marcaba el 31 de diciembre como fecha final, aunque los agentes sociales lo entendía como insuficiente. El Gobierno parece haber accedido y será más flexible.

“Nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad y no facilitaría en términos económicos ni sociales que nos pongamos a mitad de diciembre a negociar la situación de los ERTE. La fecha está abierta, pero esa no será la más adecuada y quizá tengamos que transitar hacia a un poquito más adelante”, ha reconocido Díaz este lunes en una entrevista en TVE. Es decir, la extensión de los ERTE sería hasta entrado 2021. Eso sí, con esto no quiere decir que se vaya a aceptar el alargue que solicita la patronal CEOE, que pide que vaya hasta Semana Santa o más allá, especialmente para el sector turístico.

Sobre esto, Díaz sí ha insistido en que el mecanismo continuará hasta que deje de ser necesario. Esto es, si sectores como el turismo necesitan que se mantengan los ERTE hasta bien entrado 2021, se podrían alargar aunque exigirá nuevas negociaciones. “Hay comunidades autónomas muy afectadas por el turismo, como Baleares, Canarias, Barcelona, Madrid, Andalucía... Veremos cómo va la situación a partir del último trimestre, pero el turismo se verá acompañado por estas medidas siempre que lo necesiten”, ha asegurado la ministra de Trabajo.

La titular de Trabajo ha subrayado asimismo que el Gobierno es “muy sensible” a la demanda sindical de mantener la cuantía de la prestación por desempleo asociada al ERTE en el 70% de la base reguladora, evitando de este modo que baje hasta el 50% pasados seis meses, como adelantó EL PAÍS. “Lo han pedido los sindicatos y creo que tienen razón”, ha dicho en la entrevista, subrayando que todos los miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, están en la misma sintonía en lo que se refiere a la necesidad de mantener el escudo social. “Todo el Gobierno está trabajando en eso. No tiene ningún sentido dejar caer el sistema de protección social cuando más se necesita”, ha reiterado.

Los ERTE gastarán tiempo de paro

Sin embargo, mantener el nivel de protección supone un gasto que presiona las arcas públicas, por lo que también se plantea que, a partir del sexto mes de prestación, los ERTE por coronavirus comiencen a consumir tiempo de otras prestaciones, por ejemplo el paro, algo que sucederá a partir de septiembre. Esta excepción se introdujo para los empleos suspendidos de forma temporal por la covid durante los primeros 180 días, ya que con el resto de ERTE no ocurre. En este sentido, Díaz ha explicado el mecanismo diseñado que solo repondrá los seis primeros meses. “Los trabajadores que hayan estado acogidos a un ERTE, si son despedidos en el futuro, se les repondrá una prestación de hasta 180 días”, ha afirmado. De esta forma, los que tengan su empleo suspendido más de seis meses, les comenzará a restar en el plazo acumulado de otras prestaciones como el paro.

En la propuesta del Gobierno de la semana pasada ya se incluía una primera diferenciación de los ERTE, aunque no por sectores, sino por empresas y la ministra ha insistido en que los recursos públicos deben dirigirse a los sectores que más lo necesitan. Tanto los agentes sociales como el Gobierno saben qué actividades se han visto más afectadas por la pandemia. La ministra ha explicado que de los 700.000 trabajadores en ERTE, unos 600.000 están en expedientes por fuerza mayor, que se localizan fundamentalmente en el turismo y en su cadena de valor (transporte de viajeros, agencias de viaje, comercios y cultura). En todo caso, no ha querido desvelar si se mantendrá la protección laboral hasta después de Semana Santa para el turismo, como demanda el sector.