Calviño reservará una parte de la línea de 40.000 millones a los pagarés del MARF; las empresas podrán emitir hasta junio

El Gobierno ha decidido reforzar el blindaje de los pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para reactivar el mercado de deuda a corto plazo. Se trata de una de las medidas previstas por el Ejecutivo para apuntalar la liquidez y la solvencia de las empresas españolas ante una segunda ola de coronavirus. El Boletín Oficial del Estado detalló ayer que se habilita a tal efecto una parte de la línea de 40.000 millones de euros aprobada el pasado mes de julio destinada a realizar inversiones y que de momento está teniendo escasa demanda, admite Economía.

El Ejecutivo ha optado por ampliar así los 4.000 millones ya existentes que reservó de la primera línea de garantías anunciada en el mes de abril –por un total de 100.000 millones de euros– en un máximo de otros 40.000 millones, que estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio de 2021. Unos blindajes que desde mayo avala el propio ICO para los pagarés de empresas que emitan en la plataforma alternativa de renta fija propiedad de BME.

Los requisitos para las empresas se mantienen igual: las compañías deben tener su domicilio social en España y el dinero debe emplearse para necesidades de liquidez, nunca para abonar dividendos. Además, la capacidad del aval es la misma que la que garantizan los bancos a través de sus créditos: el 70%.

Sacyr y Hotusa fueron las primeras entidades en utilizar en julio el blindaje de Economía para vender deuda a inversores. Por el momento, las compañías avaladas han emitido títulos de deuda a corto plazo con el escudo del Gobierno por 459,6 millones, según los últimos datos oficiales de BME Renta Fija. Entre las empresas que han recurrido a ellos están Aedas, Amper, Audax, Pikolin, Hotusa, Nexus Energía, Pryconsa, Sacyr, Teknia, Tubacex y Vocento. El Corte Inglés también cuenta con el acuerdo, pero aún no ha salido al mercado con la protección del ICO.

La ampliación de créditos avalados podrá solicitarse hasta el 15 de mayo de 2021

Fuentes financieras señalan que, pese al esfuerzo del Gobierno, el plazo de este instrumento de deuda, de un máximo de dos años, no es el más adecuado para realizar inversiones. Los pagarés se venden habitualmente para cubrir necesidades de liquidez de las empresas a corto plazo.

Esta segunda línea de avales entrará en vigor hoy mismo, después de que ayer fuera publicado en el BOE el real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial, en el que se fija además la extensión del plazo para la concesión de avales ICO hasta el próximo 30 de junio.

El BOE también detalla las condiciones para ampliar de cinco a ocho años la duración de los préstamos avalados por el ICO, en cualquiera de sus líneas, y de 12 a 24 los meses de carencia en el pago del principal. Los créditos podrán solicitarse ahora hasta el 30 de junio de 2021 pero los beneficiarios que quieran novar las condiciones de los antiguos deberán solicitarlo antes del 15 de mayo a su banco, que tendrá un mes para contestar y deberá comunicar el cambio al ICO antes del 1 de junio. Los aranceles notariales se rebajan un 50% y las tarifas se limitan a una horquilla de 25 a 75 euros.

Otro objetivo del Ministerio de Economía es evitar que problemas coyunturales de liquidez acaben convirtiéndose en dificultades de solvencia. En el caso de la moratoria concursal, esta se extiende hasta 14 de marzo de 2021 para facilitar que las empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación. Es decir, hasta esa fecha queda suspendida la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo instan los acreedores antes de esa fecha.
Sectores blindados

El Boletín Oficial del Estado ofrecía ayer más detalles del escudo antiopas, que exige autorización del Gobierno para las inversiones extranjeras, comunitarias o no, sobre empresas de sectores estratégicos españoles de las que se tome control o se adquiera más del 10% hasta el 30 de junio de 2021. Economía detalla que la protección afectará a firmas “que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública”, incluyendo a las que desarrollen tecnologías críticas, de telecomunicaciones, inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, aeroespaciales, energéticas o biotecnológicas, entre otras. También protegerá a las de suministros y medios de comunicación. El veto será específico si la compra la promueve una firma controlada por un Estado o sus fuerzas armadas.