Tiene margen para enviarlo hasta abril pero busca acelerar los proyectos.
Calviño presenta mañana a patronal y sindicatos su estrategia.

El Gobierno está terminando de forjar la llave con la que aspira a acceder a las ayudas europeas aprobadas ante la pandemia de Covid-19. Se trata del Plan Nacional de Inversiones y Reformas, cuya redacción está siendo liderada por el Ministerio de Economía, donde aspiran a remitirlo a Bruselas a finales de este mes o comienzos del próximo para agilizar los proyectos de transformación del país. Además de un amplio surtido de proyectos de inversión, con el foco puesto en la transición ecológica y la digitalización de la economía, el paquete incluye una serie de reformas de calado en el ámbito fiscal, laboral y de pensiones para lograr el visto bueno de los socios europeos. Su contenido será avanzado mañana a los agentes sociales.

El documento debe servir a España para obtener 72.000 millones de euros en subvenciones en tres años, comenzando por 34.000 en 2021 (26.634 millones del fondo Next Generation ya integrados en el Presupuesto de este año y 8.000 más, del fondo ReactEU, que se inyectarán directamente a las autonomías para reforzar sus sistemas sanitarios y educativos). Aunque el país tiene de margen para enviarlo a la Comisión Europea hasta el 30 de abril, el Ejecutivo está decidido a entregarlo lo antes posible para agilizar la puesta en marcha de los proyectos. Pese a que el examen comunitario, y por ende el desembolso, aún se demorarán meses, el Gobierno ha presupuestado ya los fondos para anticiparlos vía deuda y pretende iniciar las inversiones una vez las comunique a la UE. Después de todo, antes habrá que poner en marcha procedimientos de licitación y análisis que tomarán su tiempo. En todo caso, el envío está pendiente de las últimas aclaraciones de Bruselas sobre el formato, revelan fuentes oficiales.

La estrategia será anticipada mañana a los líderes de patronal y sindicatos por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que los ha convocado a una reunión junto la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y otros siete ministros.

El grado de detalle del texto que recibirá la UE, sin embargo, está por definir y, en algunos casos, el Gobierno se limitará a plantear líneas maestras de actuación para no pillarse los dedos hasta discutir la letra pequeña en el seno del diálogo social o el Parlamento. Es el caso de la reforma fiscal, en la que se defenderá la necesidad de adaptar el sistema tributario al siglo XXI, aumentando su progresividad y redistributividad, y se citarán medidas ya aprobadas, como las tasas Google y Tobin, o en ciernes, como la ley antifraude fiscal, si bien se esperará a conformar un comité de expertos que la diseñe para anunciar novedades.

El documento arrojará algo más de claridad sobre otras dos reformas clave: la destinada a “la modernización” del mercado laboral –como la llama Trabajo– y la del sistema público de pensiones. La primera incluirá fundamentalmente el rediseño de las políticas activas de empleo (formación para la empleabilidad de ocupados y desempleados) y de intermediación en el mercado laboral; así como un nuevo programa de garantía juvenil para bajar la elevada tasa de paro del colectivo, y medidas para atajar la dualidad del mercado laboral que se produce por la polarización entre los trabajadores fijos con mejores condiciones y el abuso del empleo temporal, en el otro extremo.

El lote de medidas para atajar el exceso de temporales se presenta como el más polémico ante el diálogo social. Fuentes de la negociación consultadas apuntaban ayer a que “el Gobierno podría estar pensando en una reforma de la contratación, pero tampoco parece que tengan definido cómo hacerlo”.

También propondrá usar los ERTE como herramienta estructural de flexibilidad y reforzar la formación.

Jubilación y consolidación

En el caso de las pensiones, la estrategia avanzada a los agentes sociales pasa por un fuerte endurecimiento de las jubilaciones anticipada y parcial, el fomento del mantenimiento del empleo más allá de la edad de retiro (jubilación demorada) y la prohibición de las cláusulas de jubilación forzosa al cumplir la edad legal que ahora pueden incluir los convenios. Además, incluye una nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que no convence a los sindicatos, que fija la garantía de mantenimiento de poder de compra en un periodo más amplio que el del año actual.

Pero la propuesta más controvertida de la reforma de las pensiones que baraja el Gobierno es la ampliación de 25 a 35 años el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación de jubilación. Esta medida no ha sido incluida en la propuesta presentada al diálogo social y, de momento, cuenta con el rechazo frontal de sindicatos y Unidas Podemos, que aseguran que se traduciría en un recorte de las nuevas pensiones. Ayer mismo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que Unidas Podemos “no acompañará” esta medida, por lo que podría darse el caso de que el Gobierno la incluya en la propuesta a Bruselas pero no pueda sacarla adelante en el Parlamento español.

Aunque la reforma de pensiones supondría una contención de costes y la fiscal un alza de ingresos, el documento no incluirá, como tal, un plan de consolidación de las cuentas públicas como reclamó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La estrategia para reducir deuda y déficit a medio plazo no será apuntada hasta la entrega del Programa de Estabilidad Presupuestaria, que se realizará el 30 de abril.

El papel autonómico y privado

El programa de reformas se enmarca en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, que incluye las inversiones a poner en marcha (ver gráfico). En este campo será clave la colaboración público-privada, apuntó ayer el secretario general de Asuntos Económicos de La Moncloa, y gestor del plan, Manuel de la Rocha Vázquez, en un acto de Fundación Alternativas, en el que detalló que Estado y empresas serán coinversores que se repartirán las ganancias para su reinversión, en el caso del ente público.

A su vez, De la Rocha conminó a las regiones a ser responsables con el manejo de fondos europeos pues el retraso en la ejecución por parte de una sola comunidad puede poner en riesgo los siguientes desembolsos comunitarios, que irán ligados a objetivos. Para evitar un lastre de este tipo, La Moncloa establecerá controles sobre las actuaciones autonómicas.