Caballero condiciona su apoyo a un plan de rescate conjunto con otras administraciones a que el reparto de las ayudas recaiga en los municipios: si fuese así, se activaría “mañana mismo”

El sector de la hostelería cada vez está más ahogado, al ser el blanco de las principales restricciones sanitarias para hacer frente al COVID. La implicación de todas las administraciones en un plan de rescate conjunto es la fórmula por la que apuestan cada vez con más fuerza los propios empresarios, todos ellos al borde del abismo. Y también las instituciones parecen caminar en ese sentido. El Concello de Vigo se mostró ayer dispuesto a aportar fondos municipales adicionales como tabla de salvación para los bares, cafeterías y restaurantes, pero con una condición: que no sean administraciones ajenas –concretamente la Xunta– las que marquen el paso. El alcalde, Abel Caballero, lo tiene claro: “El que tiene que repartir los fondos es quien mejor conoce el sector, que son los ayuntamientos. Si es el Concello el que distribuye las ayudas, que la Xunta nos transfiera su aportación, nosotros la complementamos y mañana mismo se convoca” el proceso para adjudicarlas.

La Xunta activó en diciembre una primera fase de fondos que, según sus propios datos, implicó el reparto de 2,6 millones entre unos mil negocios. Sin embargo, para mantener este esfuerzo, reclama ahora la implicación económica de las diputaciones y los concellos, si bien la tramitación seguiría en manos autonómicas. De entrada, Caballero subrayó ayer que el ejecutivo gallego “no contactó con este Concello para activar esa propuesta de cooperación”, al tiempo que duda de que realmente entregado 2,6 millones en Vigo: “si es así, quiero que me digan dónde y a quién”, dice el alcalde. También cifra en “25 o 30 millones” lo que realmente tendrían que aportar las arcas autonómicas al sector olívico. Marcadas las bases de su oferta, el regidor cita el denominado “modelo valenciano” como pauta de actuación: “Los hosteleros hablan de ese modelo a tres bandas con comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, pero con una sustancial diferencia con respecto a lo que plantea la Xunta y es que en Valencia todas las ayudas las tramita la administración local, que es la que mejor conoce la situación de cada territorio. Yo acepto ese modelo; que la Xunta aporte 25 millones (para Vigo), el Concello lo que corresponda, y se reparte de forma inmediata, mañana mismo”, afirmó Caballero, que insiste: “Lo acepto si las (ayudas) las distribuye el Concello; convocamos de inmediato un concurso con las bases de Valencia en su totalidad”.

El regidor indicó ayer que las exenciones acordadas a principios de noviembre (cuando se decretó un mes de cierre total del sector) se mantienen a día de hoy, por lo que no se cobran las tasas de agua y basuras a estos negocios, junto con otros puntos de fiscalidad municipal. También citó la “tasa cero” a las terrazas, en vigor desde hace tiempo y que “pueden suponer 5.000 euros para un solo bar”.

Tras los titubeos iniciales, la opción del rescate conjunto de las tres administraciones comienza a calar. Por ejemplo, el Concello de Pontevedra, gobernado por BNG y PSOE, asumió ayer su implicación directa en esa propuesta con aportaciones económicas “en función de los ingresos de cada institución: es decir, si la Xunta aporta el 1% de su presupuesto, el Concello hará lo mismo”, para, a renglón seguido criticar que el Gobierno gallego “solo ha destinado a este rescate el 0,6% de sus ingresos, mientras que el plan Supera21 del Concello pontevedrés, de 1,2 millones, significa el 1,6% de su presupuesto”.

Por otra parte, el alcalde ofreció ayer un balance tanto del número de visitas de la brigada de asesores COVID como del grado de cumplimento de las normas sanitarias por parte de los locales. Estas quince personas contratadas y formadas por el Concello y el colectivo de hosteleros de la ciudad recorren los establecimientos para comprobar y aconsejar a los profesionales. Según los datos municipales, suman 672 inspecciones oficiales y en 545 casos (el 81%) se constató que el cumplimiento “es nuevo o muy bueno, lo que demuestra un comportamiento muy adecuado de los hosteleros”, subraya el regidor. Otras 250 visitas se realizaron de forma anónima, sin identificarse.

“Si a eso añadimos los de nota regular, se ve que el 94% de todos los visitados cumple y apenas un 6% no se ajusta a la normativa”. Además, los incumplimientos no parecen graves: cartelería escasa o poco visible y falta de información sobre los aforos, pero muy pocos casos relativos a uso de mascarilla, falta de gel hidroalcohólico o incumplimientos de aforos o distancias de seguridad.