Préstamos participativos, subvenciones, quitas en el crédito y pagar los gastos son parte de estas medidas

Era una reclamación de empresarios, banqueros y sobre todo de pymes y autónomos, quienes llevan meses pidiendo la aprobación de un mecanismo para conceder ayudas directas que permita salvar a una gran parte del tejido industrial español ante la prolongación de la pandemia. El Gobierno ha recogido finalmente el guante y ha anunciado que reformará el marco legal existente para impulsar ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la pandemia, y trabaja ya en medidas para aliviar la carga financiera y reforzar la solvencia de compañías viables.

Fuentes conocedoras de los análisis que se están llevando a cabo para desarrollar estas medidas mantienen que se lleva trabajando en su estudio desde octubre, ya que el objetivo era tener listas estas iniciativas en enero (solo a la espera de la autorización de Bruselas), pero al final se ha retrasado, y será en marzo cuando se apruebe el abanico de fórmulas para su entrada en vigor en abril como tarde.

En este estudio también trabaja la consultora Oliver Wyman, contratada por el sector financiero.
Según informó el Ministerio de Asuntos Económicos este viernes en un comunicado, el Ejecutivo va a reformar el marco legal existente para impulsar las ayudas directas, una vez que la Comisión Europea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado, paso necesario para que el Gobierno pudiera aprobar estas nuevas ayudas.

Su objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo, y reforzando la solvencia de empresas y negocios viables, argumenta el departamento que dirige Nadia Calviño. Y es que tras la segunda y tercera ola del Covid se está detectando que a los problemas de liquidez inicial que ahogaban a las pymes al inicio de la pandemia ahora, y tras el tiempo de crisis transcurrido, se está transformando en un problema de solvencia, que puede llevar a la desaparición o a concurso de acreedores a un gran número de empresas y autónomos.

El Ejecutivo explica que desde octubre ha estado trabajando con la CE, aunque Bruselas no ha aprobado hasta finales de enero una modificación del marco temporal de ayudas de Estado que hace posible convertir anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas hasta finales de 2021. Tras esa decisión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó en su reunión del viernes notificar a la CE la extensión del marco nacional aplicable a todas las ayudas que pueden conceder las distintas Administraciones. El Ejecutivo explica que, tras el visto bueno de la CE a estas ayudas, su intención es acelerar “todo lo posible” este proceso de autorización para poder establecer el nuevo marco nacional “cuanto antes”.

De momento, en los próximos días se espera que se haya identificado la tipología de empresas y, según su categoría por diferentes variables, como dimensión, número de empleados, sector o por facilidad en salir de la crisis una vez que la pandemia haya finalizado, se concretará una clase de ayudas y soluciones.

También se está definiendo el concepto de empresa viable, ya que las ayudas solo se dirigirán a las sociedades que pueden resistir en el futuro. El Gobierno también está evaluando las ayudas que necesitarían estas pymes y autónomos, que, según algunas fuentes, sumarían unos 10.000 millones de euros.

Las medidas que se están proponiendo en Francia sirven ahora de guía. Como la concesión de créditos participativos para las empresas de hasta un determinado tamaño, mientras que para micropymes y autónomos las ayudas serán diferentes, aunque de momento se descarta inyectar capital directamente.

Las nuevas medidas de apoyo se sumarán a las aprobadas hasta el momento y que han supuesto ayudas por encima del 20% del PIB, si bien un 15% han sido medidas de liquidez, en su gran mayoría avales del ICO, y solo el 5% restante ayudas directas con impacto en los presupuestos.

Economía destaca que el volumen de ayudas directas activadas en España está “entre los más elevados de los grandes países de la Unión Europea”, según refleja, entre otros, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Dentro de estas medidas está en estudio que el ICO pueda realizar refinanciaciones y quitas, para lo que es necesario la modificación de sus estatutos, explican fuentes conocedoras de las negociaciones, y como adelantó este periódico el pasado 23 de octubre.