Las entidades y el Banco de España rechazan que el sistema financiero tenga que encajar pérdidas

El Gobierno ultima las fórmulas para aliviar el exceso de deuda empresarial generado por la pandemia. En estos momentos está trabajando en cómo hacerlo de forma automatizada. La idea es filtrar mucho para ayudar solo a las empresas viables con un problema de sobreendeudamiento, admiten fuentes gubernamentales. Una posibilidad que se baraja es condonar una parte del 70% u 80% que ha avalado el Estado en los llamados créditos ICO. Pero otra opción que está también sobre la mesa es que haya una quita a esos préstamos y que la banca asuma la pérdida que le corresponda por la parte no avalada. Todavía no está decidido, apuntan estas fuentes. No obstante, las entidades y el Banco de España rechazan que el sistema financiero tenga que soportar un quebranto.

Con la quita a las entidades se enviaría una señal política de que se ayuda a las empresas y no a la banca. Además, el marco europeo de ayudas de Estado no permite que las entidades se beneficien de las ayudas, explican fuentes del Ejecutivo.

Según cálculos de la Comisión Europea, España es uno de los países más expuestos a quiebras empresariales debido a que su economía ha caído más y a la estructura de su tejido productivo, con más pymes y turismo. Aunque el aumento de la deuda de las empresas no ha sido muy elevado, está muy concentrado en unos pocos sectores que pueden generar un reguero de pérdidas tras un año aguantando solo con el alivio de los ERTE.

Al Ejecutivo le horroriza que algunas empresas puedan recibir una ayuda y cerrar a continuación, como ha sucedido en otros países donde se han entregado subsidios directos. Y la mejor forma de evitarlo es centrar la ayuda en una reducción de deuda entre los que han tomado un crédito ICO, pues se entiende que estas empresas lo han contraído con la intención de proseguir con su actividad.

Bajo los avales del ICO se han concedido unos 118.000 millones. Suponiendo que un 30% tuviera problemas y se le aplicara una quita del 20%, el coste rondaría los 7.000 millones, de los cuales unos 5.000 aumentarían la deuda pública y otros 2.000 los encajaría la banca. La especulación con estas cifras pone los pelos de punta en el sector bancario. El Banco de España también se opone.

Las críticas del sector financiero son feroces. Argumentan que no es el momento para esgrimir el riesgo moral cuando el debate en Estados Unidos gira sobre si pasarse o no con los estímulos, o cuando en Francia y Alemania no escatiman con las ayudas directas, dejando así por la vía indirecta mucho más fortalecida a su banca. “Es la línea contraria a lo que se hace en Europa. El resto de países busca preservar la salud financiera y evitar una crisis bancaria. Nadie en el mundo está hablando de esta fórmula”, alega una fuente financiera. Y añade que las entidades ya arrimaron el hombro cuando financiaron sectores vulnerables con una parte del riesgo.

Otra fuente del sector bancario destaca que esta fórmula constituiría un golpe directo a los resultados de una banca que ha sufrido un gran ajuste y que está entre las peor capitalizadas de Europa. Y ocurriría sin que haya un marco comunitario en el que más países estén haciendo lo mismo, recalca.

Pero también resulta fácil hacer los números sobre cuánto se está beneficiando la banca con los préstamos ICO. Con unos 118.000 millones concedidos a un interés del 2%, está ganando unos 2.500 millones, a los que se suma lo que obtenga por lo que paga el BCE al financiarles con tipos negativos. En total, unos 3.000 millones de euros.

Además, mientras que las empresas se han endeudado en unos 50.000 millones, el crédito brindado con los ICO supera los 100.000 millones. De lo que puede deducirse que la banca ha concentrado refinanciaciones de los sectores más vulnerables en los créditos del ICO, trasladando el riesgo desde las cuentas de las entidades al Estado. El propio ICO cifra las refinanciaciones en casi 25.000 millones.

La quita al ICO supondría una novedad en un contexto europeo donde la estrategia está más encaminada a las ayudas directas. Y los números muestran que estas inyecciones en España son cortas en comparación con la caída de la economía. La pérdida de PIB superó el año pasado los 100.000 millones. Con los ERTE y la prestación de autónomos se compensó parte de este golpe, al soportar casi 40.000 millones de costes laborales. Así que queda el resto. Lo cual se aprecia en la deuda de las empresas, que subió el año pasado en unos 50.000 millones. El mismo Gobierno espera que sectores como la hostelería estén este año un 25% por debajo de su actividad prepandemia. Esto es: otros 30.000 millones que habría que añadir a la factura y de los que una parte se enjuagará con los ERTE. Las ayudas se quedan por tanto por debajo de la pérdida de facturación. Aunque en términos globales la cifra sea manejable, el aumento de deuda ha sido fuerte en los sectores afectados. Del 30% en la hostelería. Y ha dejado de crecer, lo que podría indicar que las empresas estén bajando los brazos o, incluso, que se está llegando tarde.

Los paralelismos con 2008 son evidentes. Entonces el vicepresidente Pedro Solbes y el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez se resistieron a recapitalizar las cajas cuando otros países lo hacían y España aún tenía una triple A. Al final, por arrastrar los pies el agujero se abordó con la prima de riesgo disparada. La lección es que hay que acelerar con las ayudas y darlas cuando lo hacen los demás. Esta vez el problema está muy concentrado en unos pocos sectores empresariales golpeados por las restricciones pero con la capacidad de generar una ristra de impagos que podrían incluso perjudicar al sistema financiero. Los ERTE y los ICO valían para el varapalo inicial. Pero al alargarse la pandemia estas soluciones se han quedado cortas. El gobernador del Banco de España lleva reclamando más ayudas desde junio.

El problema de la deuda pública

Sin embargo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño intenta evitar que la deuda pública alcance el 120% del PIB. Así se mantiene en un nivel similar al de Francia pero también se limita mucho el margen de maniobra. Pese al discurso dominante de que se ha gastado poco en ayudas, España va a tener un aumento del déficit tan grande o superior al del resto, según las cifras del FMI. Al caer más la economía ha desembolsado más en ERTE y desempleo y ha perdido más ingresos. Todo ello se come buena parte del esfuerzo fiscal. Y por razones políticas el Gobierno se está mostrando más generoso con el gasto estructural —véase subidas de pensiones y funcionarios—, y tímido con las ayudas temporales ligadas a la pandemia.

Los préstamos participativos son una solución para las empresas de más tamaño como se está haciendo en Francia. Pero el Ejecutivo mira además a las comunidades para que aumenten las ayudas directas a los sectores golpeados por las restricciones aprovechando la abundante financiación que le han dado y los fondos europeos. Las empresas consultadas sostienen que las quitas serían insuficientes para aquellas que están al límite.