Uno para apoyos directos a través de comunidades, otro con el ICO y un tercero para medianas

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el esquema con el que piensa ayudar a las empresas por la pandemia. El Ministerio de Economía ultima tres fondos que en total estarán dotados con los 11.000 millones que anunció el presidente Sánchez. Según fuentes gubernamentales, uno se dedicará a ayudas directas para empresas afectadas por las restricciones y se canalizará a través de las comunidades. Otro se destinará a reestructurar una parte de los 118.000 millones en créditos avalados por el ICO. Y el tercero se empleará en la recapitalización de firmas medianas y lo orquestará la empresa pública Cofides.

El Ejecutivo respondió al brutal golpe de la pandemia cubriendo costes laborales con los ERTE y aportando liquidez a través de los avales del ICO. Y el fuerte rebote de la economía en el tercer trimestre de 2020 demostró que ese esquema había servido para paliar el varapalo inicial. Las empresas fueron capaces de reactivarse en cuanto empezaron a retirarse las restricciones. El Gobierno ha cifrado las ayudas directas del año pasado en unos cinco puntos de PIB, alrededor de 50.000 millones, sobre todo por los ERTE.

Sin embargo, la pandemia se ha alargado y es evidente que estos apoyos ya no son suficientes. Este año se llevan gastados unos dos puntos de PIB. Y, según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo trabaja en medidas adicionales. El próximo martes aprobará casi con toda seguridad un plan de ayudas basado en tres fondos o esquemas con una dotación total de 11.000 millones, la cifra que ya adelantó el presidente del Gobierno en el Congreso la semana pasada.

Uno de ellos es un fondo de ayudas directas para compensar la caída de ingresos en empresas afectadas por la covid y que canalizarán las comunidades autónomas. Además de esta nueva partida, estarán los 2.000 millones que usarán las autonomías del fondo europeo React EU y las subvenciones que ya estén brindando con su propio presupuesto. Hacienda y Economía siempre han recordado que los Gobiernos autonómicos han recibido más recursos que nunca pese a la pandemia y deben aprovecharlos para respaldar a los negocios perjudicados. El presidente Sánchez ya habló de que el turismo y la hostelería serían los sectores más beneficiados.

Los otros dos fondos estarán más focalizados en reforzar la solvencia de las empresas. Estas han aumentado su endeudamiento neto en unos 50.000 millones por la pandemia. Y el sistema de avales del ICO ha brindado financiación por valor de 118.000 millones.

Uno de los dos fondos servirá para que el ICO acompañe los procesos de reestructuración de deuda de las empresas acogidas a estos créditos con aval del Estado. Estas se llevarán a cabo con un código de buenas prácticas que se firmará con las entidades y que se considera que ya funcionó bien con las hipotecas.

Este protocolo permitirá a la banca tener cierta flexibilidad para decidir qué facilidades otorgan, como alargar plazos o dar carencias. La quita será el instrumento de último recurso, ha recordado la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Y el fondo servirá para que el ICO, que ha avalado entre un 70% y un 80% de los préstamos, soporte la parte que le corresponde del alivio a la deuda. El Santander y el Sabadell se habían opuesto incluso a este código de buenas prácticas. Pero al final parece que todos se acogerán a esta fórmula.

La tercera pata consistirá en un fondo para recapitalizar empresas medianas similar al que se ha puesto en marcha con la SEPI para grandes y para el que se pusieron 10.000 millones. Este tendrá un menor volumen, inyectará capital o híbridos y será gestionado por la empresa pública Cofides, la compañía controlada por el Estado que financia la implantación de empresas españolas en el exterior y que es experta en la utilización de préstamos participativos.

Economía prepara un protocolo para reestructurar los ICO

El sector financiero se ha enfrentado al Gobierno como en pocas ocasiones. Directivos de las principales entidades consideran que el planteamiento inicial del Ejecutivo era dictar cómo y a quién se aplicaba una quita. Pero esta posición iba contra la ley porque la titularidad del crédito es del banco. Además, dicen, suponía acabar con el ICO porque nadie más volvería a trabajar con el instituto “si se cambiaban las reglas a mitad de partido”.

Tras un mes de negociación con las cinco grandes entidades, en el sector se cree que el Ministerio de Economía dejará en manos de los bancos cómo estructurar las quitas, aunque establezca un protocolo general para evitar que arrastren los pies ante una caída en cascada de empresas. Fuentes financieras consideran que ha sido clave el apoyo del Banco de España y de la UE, que no son partidarios de ordenar a las entidades cómo tienen que hacer las quitas y reestructuraciones. De hecho, ningún Gobierno europeo ha establecido un esquema así.

Las entidades no se oponen a realizar quitas, sobre todo en la hostelería y el turismo. Creen que ahí está concentrado el 80% del problema, pero también saben que necesitan el acuerdo del Gobierno porque no podrán reestructurar el crédito sin el visto bueno del ICO, que ha avalado los créditos en un 72% de media. Eso sí: la banca prefiere marcar los ritmos y los instrumentos con los que dan las facilidades de pago y no que se los impongan vía BOE.

Como apuntó el gobernador del Banco de España, el problema es diseñar un instrumento útil que no dañe a las entidades. El Ejecutivo quiere garantizarse que los bancos socorren a las empresas y, de esa manera, se harán corresponsables de lo que pase. Es decir, esta operativa tendrá un coste político y reputacional porque habrá que decir sí a ayudar a unas empresas y negar el apoyo a otras, aquellas que no tengan perspectivas de recuperar ingresos tras la pandemia.

Además, pueden llegar escándalos si algún beneficiado de la ayuda se queda con el dinero sin reinvertirlo en el negocio. “Calviño no quiere asumir este coste ella sola”, apuntan desde un banco.

En el sector creen que para la mayoría de las empresas no sirve de nada solo con prolongar las moratorias de pago de los ICO. “No pueden asumir más deuda. Necesitan efectivo para hacer frente a los gastos, y eso son ayudas públicas, aunque también se pueda financiar una ampliación de capital en las grandes”, dicen fuentes bancarias. Y esas ayudas de Estado deben apuntar también adonde está el mayor problema: las que no pidieron ICO. Algunos bancos creen que un 70% de las micropymes y autónomos con dificultades no solicitaron estos créditos avalados. “Ahí está lo peor”, dice un ejecutivo. El informe del Banco de España que ha remitido a Economía también recuerda esta misma realidad.