El Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy dará luz vezde definitiva a estos fondos que se transferirán a las regiones

El Consejo de Ministros extraordinario convocado para hoy dará luz verde definitiva al plan de rescate que anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El salvavidas, que estará dotado de 11.000 millones de euros, destinará 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno. Los fondos, que servirán para cubrir los gastos fijos y deudas a proveedores de los negocios, se transferirán finalmente a las comunidades autónomas, como defendían la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Eso sí, la Agencia Tributaria vigilará la concesión. Cualquier inyección deberá estar justificada. Los negocios tendrán que demostrar una caída de facturación del 30 % durante la pandemia.

La decisión no ha estado exenta de polémica. Tanto por el tira y afloja de los últimos días sobre el volumen de ayudas directas, como por el mecanismo de inyección, ya que el socio morado del Gobierno, Podemos, exigía una gestión centralizada del dinero y hasta 8.000 millones de euros para repartir entre los pequeños negocios. Altos cargos del Ejecutivo, como Calviño y Montero, se mostraron reacios por el temor a desperdiciar fondos públicos en empresas zombis , aquellas que no podrán sobrevivir a la crisis aunque reciban apoyo del Estado. Esa cautela saltó por los aires ante la demoledora realidad: hay 130.000 pequeñas empresas con un pie en la insolvencia.

Los otros dos pilares del plan de rescate incluyen una partida de 3.000 millones de euros para la reestructuración de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ascienden en la actualidad a 117.758 millones de euros, 89.376 de ellos en garantías. Su gestión recaerá sobre los hombros de los bancos, quienes conocen al detalle qué créditos son dudosos y cuáles no. Otra partida de 1.000 millones se destinará a recapitalizaciones de empresas medianas que se han quedado sin caja para mantener la persiana subida. El dinero fluirá a través de la empresa pública Cofides.

Turismo

El plan de rescate reserva una partida exclusiva de los fondos para las comunidades más afectadas por las restricciones a la movilidad: Baleares y Canarias. El desplome del turismo hundió el PIB de estas regiones en el 2020 hasta un 27 % y un 21 %, respectivamente, según registró en este informe el Banco de España. La cifra contrasta con la contracción media española (11 %) y mucho más con la de comunidades como Galicia, donde el PIB cayó un 8,9 %, según el Instituto Galego de Estadística (IGE).

El anuncio llega después de que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la propia Comisión Europea instasen a los Gobiernos a intensificar el apoyo a las economías en vista de que el tejido productivo está agotado, las empresas se ahogan en deuda, las condiciones financieras se están endureciendo y todavía no se han cosechado los primeros brotes verdes de la anunciada recuperación.

El Gobierno español ha ido a rebufo de Ejecutivos europeos como el alemán o el italiano que, a estas alturas, han inyectado el 4,5 % y el 5,5 % de sus PIB en ayudas directas a la economía. En España esa cifra se limita al 1,3 %, según el Banco Central Europeo (BCE), aunque el Ejecutivo de Sánchez insiste en incluir los ERTE o los préstamos del ICO en ese cómputo. El plan de rescate se aprobará solo un día después de que el BCE anunciase que acelerará la compra de deuda porque las condiciones de crédito en el mercado se están endureciendo.

A la espera de conocer los detalles sobre cuándo podrán empezar a recibir el dinero los negocios o de dónde van a salir los 11.000 millones de euros del plan de rescate, algunos colectivos han mostrado su satisfacción: «Esto es lo que pedíamos. Transferencias directas y que el plan llegara a los autónomos que han perdido actividad. Va por buen camino. Ojalá llegue a tiempo para salvar actividades de muchos autónomos», aplaudió el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.