Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones para subvenciones directas a las compañías más golpeadas por la crisis

Finalmente el Gobierno ha desenredado la madeja liada en torno a las ayudas públicas para las empresas golpeadas por la pandemia. El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes el paquete de ayudas para las empresas que más están sufriendo la crisis por la crisis de la covid-19 con una dotación de 11.000 millones de euros tras aparcar las tensiones entre los dos grupos del Gobierno a cuenta de algunos detalles técnicos y de la ambición del plan. El corazón de este plan consiste en un fondo de 7.0000 millones de euros ―2.000 millones de los cuales irán destinados a Canarias y Baleares― que se distribuirá entre las comunidades para que hagan inyecciones que llegarán a 3.000 euros para autónomos que tributen por módulos (de hasta 4.000 euros para el resto) y 200.000 euros para empresas, según ha adelantado la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta ha explicado que las ayudas, que tienen carácter finalista, están destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura. Estos fondos están diseñados para que los beneficiarios puedan pagar gastos fijos, como suministros o alquileres, y reducir deuda con proveedores. El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.

   El importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20% en el caso del resto de empresas. Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.

Tratamiento especial a Canarias y Baleares

La ministra Calviño ha explicado que una parte importante de este fondo de 7.000 millones de ayudas a fondo perdido para las empresas irá destinado a Canarias y Baleares. En concreto se reservan 2.000 millones para los autónomos y compañías de las islas, cuyo peso del sector turístico es mayor y por tanto han sufrido más el embate de la crisis. “Es evidente el impacto diferencial de la pandemia en Baleares y Canarias”, ha dicho Calviño. La economía de Baleares se contrajo un 27% el año pasado, una cifra sin precedentes en tiempos de paz. Por esta razón, se ha optado por dar un “tratamiento especial” a ambas autonomías. Las ayudas están dirigidas a autónomos y empresas viables de sectores especialmente afectados por la pandemia que hayan tenido una caída de ingresos en 2020 de al menos el 30 % con respecto a 2019.

Montero, por su parte, ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.

Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y autónomos “lo antes posible”.

Junto con este paquete de ayudas directas, el decreto contempla también una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, que permitirán convertir los crédito en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.

El real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por la empresa pública estatal Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas y que obligará a estas empresas a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos ni incrementar la remuneración de la alta dirección en dos años.