La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha comprometido este jueves ante el Pleno del Congreso la cobertura durante todo el año de la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas a afrontar la crisis de la pandemia de Covid-19, incluido el sistema de protección de los ERTE, asegurando que "se extenderán todo lo que sea necesario".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al real decreto-ley con 11.000 millones de euros de ayudas a pymes y autónomos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo, y que también contempla una prórroga de la moratoria concursal hasta fin de año.

Entre los principales grupos, el decreto, que se tramitará como proyecto de ley, ha logrado el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos y ERC, y la abstención de PNV y Ciudadanos. Vox se ha quedado como único de los principales grupos que votó en contra.

Calviño durante su intervención en defensa del decreto ley aprobado por el Ejecutivo de coalición para dotar de un fondo de 11.000 millones de euros en apoyo a las empresas, de los cuales 7.000 millones serán para ayudas directas, ha enumerado diez medidas que "estarán disponibles en 2021 y se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo".

Además del sistema de protección al empleo de los ERTE para cubrir salarios y cotizaciones, ha citado la línea de avales públicos del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios.

A estas medidas Calviño ha sumado el fondo de ayudas directas contenido en el decreto ley que se somete este jueves a su votación de convalidación en el Congreso, el fondo de reestructuración de deuda financiera contenido también en el mismo y los fondos de solvencia gestionados por la SEPI y Cofides.

En total, Calviño ha cuantificado en 29.000 millones de euros el coste de recursos públicos en medidas de apoyo a las empresas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia en todo este año, representando un 2% del PIB.

A todo ello se le sumará la reforma de la normativa concursal, cuya trasposición de la directiva europea de reestructuración y solvencia el Gobierno está acelerando, con el fin de orientar estas normas "a la viabilidad de las empresas mediante la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas".

"Es fundamental que no bajemos la guardia"

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha reconocido una "clara ralentización de la actividad" en este inicio del año, "consecuencia de las restricciones", ha dicho, para contener la tercera ola de la pandemia. "Es fundamental que en estas semanas complicadas que nos quedan por delante no bajemos la guardia", ha dicho Calviño.

En este sentido, ha asegurado que los indicadores de actividad diarios ofrecen "señales mixtas", una situación "coherente con la situación de limitación de actividad que persiste en algunas comunidades autónomas", dentro de un "momento de mucha incertidumbre".

Así, ha asegurado que la evolución económica del primer trimestre "dependerá de cómo se cierre el mes de marzo", pero ha resaltado "algunas señales positivas" que detecta el Gobierno, como la salida de trabajadores de los ERTE, especialmente respecto al pico alcanzado a principios de mes de febrero de esta tercera ola.

Desde entonces, ha asegurado la titular de Asuntos Económicos, los datos reflejan que 204.000 trabajadores han salido de este esquema de protección, unas 6.000 personas por día laborable, ha apostillado. "Llevamos siete semanas con esta tendencia positiva, un signo esperanzador, pero son muchas las incertidumbres y nos quedan semanas duras por delante", ha afirmado Calviño.