Cepyme calcula que solo 95.812 negocios de la comunidad pueden optar a las subvenciones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana la orden del Ministerio de Hacienda para transferir a las comunidades autónomas los fondos del plan de rescate empresarial aprobado el pasado 12 de marzo. De los 11.000 millones de euros movilizados a los que el Congreso dio ayer luz verde con duras críticas hacia la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al menos 7.000 serán ayudas directas para las pymes y autónomos de los sectores más golpeados por la pandemia. De ese montante, un compartimento de 2.000 millones se lo repartirán Canarias y Baleares. Los otros 5.000 irán a parar a los otros 15 territorios autónomos.

Aunque inicialmente se había calculado que Galicia recibiría 220 millones de euros, finalmente serán 230 millones los que recalen en la comunidad, según confirmó esta mañana el propio Ministerio de Hacienda. Una cifra que la Xunta sigue considerando insuficiente porque queda lejos de los 330 millones que le correspondería por el sistema de reparto de financiación autonómica. La comunidad es la séptima que más ayudas recibe (el 4,6 % del total), por delante se sitúan las islas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

La cuantía, como denunciaron el jueves desde Cepyme, es claramente insuficiente y el dinero llegará tarde: las transferencias se efectuarán en los diez días posteriores a la entrada en vigor del convenio con cada territorio, pero todavía queda por dictar otra Orden Ministerial en la que se especificarán cuestiones técnicas que resultan necesarias para el desarrollo de las ayudas. Se estima que no se podrán desembolsar hasta mayo.

Aunque el mayor de los problemas para los autónomos y pymes es acceder a las ayudas. El volumen es muy pequeño y los criterios, excluyentes. Cepyme calcula que solo 95.812 empresas gallegas son elegibles. No llega ni a la mitad del tejido productivo. Y las ayudas tocan a 2.400 euros por cada negocio, claro que habrá algunas compañías medianas (2.175) que podrán recibir hasta 200.000 euros, así que es probable que el dinero no llegue para cubrir todos los gastos fijos (salarios atrasados, pago a proveedores, facturas, alquileres etc.) de todos los que lo necesitan.

Criterios controvertidos

¿A qué se debe esta situación? En primer lugar, el Gobierno ha ceñido la elegibilidad de las empresas a menos de un centenar de actividades económicas, entre ellas los juegos de azar, pero otras muchas han quedado fuera, como la peluquería. En segundo lugar, porque ha impuesto condiciones muy estrictas: registrar una caída de la facturación de al menos el 30 % en la pandemia, estar al día con Hacienda y no haber tenido pérdidas en el 2019. Para la patronal es injusto, porque algunas empresas tuvieron que hacer gastos extraordinarios para poder ampliar su negocio antes de la pandemia, anotándose balances temporalmente negativos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los criterios de reparto entre territorios han perjudicado a Galicia, que podría haber recibido más ayudas de aplicarse el sistema de financiación autonómico. El Ministerio de Hacienda explica que los criterios «van en línea con los utilizados por la Comisión Europea». En un comunicado publicado este viernes aclaran que, además de tener en cuenta el impacto en el desempleo y el paro juvenil de cada territorio, dos tercios del cálculo se ha hecho con el peso relativo de la renta de cada región. ¿Y cómo han calculado ese peso relativo de la renta? Relacionando el peso que ha tenido cada comunidad en la caída del PIB con su prosperidad relativa (la renta de cada ciudadano respecto a la media nacional). Aunque no especifican en qué medida ese factor de prosperidad relativa ha pesado en la ponderación.

Las ayudas directas de 7.000 millones de euros también vienen acompañadas por otro sobre de 3.000 millones para la reestructuración de deudas financieras y un fondo de recapitalización de empresas afectadas por la pandemia de 1.000 millones de euros. Estas dos líneas se movilizarán como préstamos.