La Xunta pide por carta al Gobierno que relaje las condiciones de acceso

Las empresas y los autónomos más castigados por la pandemia tendrán hasta el 30 de septiembre para solicitar las ayudas del tercer plan de rescate autonómico para hacer frente a las secuelas económicas de la pandemia, cuyas bases definió el Gobierno central, que también financia las subvenciones con una transferencia de 234 millones de euros.

La Consellería de Emprego informó ayer de que, tras dialogar con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos, ha decidido ampliar incluso más el plazo de solicitud (la semana pasada había anunciado que se prolongaría hasta el 15 de septiembre), al haber por medio un mes como agosto en el que se produce un fuerte descenso de la actividad tanto en las empresas como en la Administración.

El nuevo plazo se formalizará hoy con la publicación de una orden en el Diario Oficial de Galicia, en la que también se establecerá un criterio homogéneo en cuanto a la caída de facturación exigida para poder acceder a las ayudas. Hasta ahora, en los sectores que el Gobierno había declarado como especialmente castigados por la pandemia (casi un centenar), las empresas solo debían probar un descenso de los ingresos del 30 % en el año de la pandemia. En el resto de las actividades, a las que la Xunta decidió abrir también el programa de subvenciones, se estableció un umbral del 40 %, precisamente para justificar que se trataba de firmas muy golpeadas que precisaban ese apoyo público. A partir de la publicación de la nueva orden, a todas se les exigirá una caída del 30 %. «Deste xeito, facilitaremos o acceso ás axudas a un número moi importante de actividades», justificó la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana. Una relajación de los criterios de acceso que se produce después de que, casi un mes después de la apertura del plazo de solicitud, solo se hayan recibido 4.284 peticiones. De los 234 millones de euros, hasta la semana pasada solo se habían comprometido unos 64, lo que supone que queda por gastar algo más del 70 % del presupuesto. En caso de no hacerlo antes de fin de año, habría que reintegrar los fondos al Estado.

Y es que la conselleira de Emprego entiende que las nuevas medidas para relajar los criterios de acceso serán «insuficientes» para agotar el presupuesto, ya que, a su entender, el principal escollo para que las empresas accedan a estas ayudas son los «ríxidos» requisitos impuestos por el Gobierno central.

Carta a las ministras

Para tratar de remover ese obstáculo, Lorenzana ha remitido sendas cartas al Ejecutivo -una dirigida a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la otra a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero- en las que reclama dos cambios en el decreto que regula el acceso a los fondos en todo el país. En primer lugar, que se elimine la necesidad de que estas ayudas se utilicen para saldar deudas contraídas entre el comienzo de la pandemia y el 31 de mayo de este año, ya sea con proveedores, acreedores o empleados.

Defiende la Xunta, al igual que patronales y asociaciones de autónomos, que las empresas y los profesionales por cuenta propia han hecho un esfuerzo durante estos meses por mantenerse al día y no romper la cadena de pagos, para evitar males mayores en la economía, aun a costa de tener que tirar de ahorros o préstamos de familiares. Pero ese comportamiento responsable les penaliza ahora, ya que no tienen facturas pendientes con las que justificar la necesidad de percibir la ayuda.

Al mismo tiempo, la Xunta reclama que se eliminen «los criterios porcentuales para determinar la ayuda máxima» y establecer un tope de 200.000 euros.

Primeros pagos

En cuanto a los pagos de las solicitudes ya presentadas, desde Emprego explican que la intención es poder realizar los primeros abonos esta semana, un mes después del inicio del plazo de solicitud. Pese a que en la orden gallega se optó por un modelo de declaración responsable para poder adelantar el desembolso de fondos, desde el departamento de la Xunta justifican la demora en la necesidad de cruzar datos con la Agencia Tributaria, que debe validar si la empresa que solicita la subvención cumple el requisito de caída de facturación exigido para poder acogerse al plan de ayudas.

Coincidiendo con la modificación de la orden que regula las ayudas directas, la Xunta abrirá también este martes el plazo para solicitar el bono autónomo. Un programa que llega este año a su quinta edición y que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros con los que se pretenden consolidar cerca de dos mil pequeños negocios de la comunidad.

El bono autónomo cuenta con dos líneas de ayudas de hasta 3.000 euros cada una para invertir en mejoras de la actividad. Por un lado, la primera línea financia estudios de mercado o cualquier tipo de plan de márketing, comunicación, estrategia, refinanciación o transformación digital. La segunda línea, mientras, busca apoyar la compra de maquinaria, herramientas, mobiliario, rótulos o equipos informáticos, así como la reforma de locales o la puesta en marcha de aplicaciones informáticas o páginas web.

Ambas líneas son compatibles entre ellas, pero siempre con un tope de 3.000 euros por negocio. En el caso de la reforma del local del negocio se excluye el domicilio del autónomos «salvo en el caso en que quede acreditado que es imprescindible para el desarrollo de la actividad», apunta la orden.

El plazo de solicitud se abre hoy martes y se prolongará un mes. Podrán optar a estas subvenciones los autónomos personas físicas o societarios que acrediten al menos 42 meses de antigüedad en el ejercicio profesional y facturen más de 12.000 euros. No podrán superar un rendimiento neto (o una base imponible, en el caso de los societarios) de 30.000 euros anuales.

La petición debe hacerse por medios telemáticos en la sede electrónica de la Xunta. En caso de agotar el presupuesto, se priorizará el orden de entrada de la solicitud.