El eurogrupo ultima una propuesta de asistencia financiera de mínimos que excluye los eurobonos

Ni habrá transferencias, ni habrá eurobonos. El plan de rescate europeo que están pergeñando los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se limitará a ofrecer préstamos baratos con condicionalidad de baja intensidad a los países más afectados por la crisis sanitaria.

Eso es lo que reza el borrador al que ha tenido acceso El País y en el que se trazan las líneas del plan maestro que se pondrá sobre la mesa del eurogrupo el próximo martes. Las cifras no son para echar cohetes, pero es otro balón de oxígeno que se suma al que lanzó ayer la Comisión Europea, dispuesta a movilizar hasta 100.000 millones de euros para mantener el mayor número de empleos a flote.

Según la información revelada por el diario, los países europeos estaría dispuestos a exprimir al máximo los mecanismos disponibles para poner en marcha líneas de liquidez de emergencia, pero sin explorar soluciones más creativas que impliquen colectivizar el coste de la crisis.

La solución pasaría por habilitar líneas de crédito del Instrumento Rápido de Financiación, habilitado dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para inyectar préstamos a petición de los países más afectados. Estaría dotado de 80.000 millones de euros, disponibles durante 12 meses y ofrecería ayudas proporcionales a la participación de cada Estado en el fondo de rescate. Eso significa que España podría recibir hasta 9.500 millones de euros en créditos que deberá devolver en el plazo de cinco años, después de haber absorbido el shock. La solidaridad europea tiene un camino de ida y vuelta, por eso los países que soliciten ayuda tendrán que firmar un plan de respuesta económica (antiguo pliegue de condiciones o MoU) de baja intensidad para reafirmar su compromiso con las normas de estabilidad del euro (deuda por debajo del 60 % del PIB y déficit por debajo del 3 %).

Esa es el primer pilar del plan de rescate europeo. El segundo es la creación de una línea de crédito vinculada a los gastos de la pandemia (costes de contratación de personal, compras de material y equipos, despliegue de hospitales, desinfecciones y medidas a posteriori para mantener controlada la propagación). Para poder desembolsar el dinero, España tendrá que firmar otro documento con un listado de condiciones y reverenciarse de nuevo ante el Pacto de Estabilidad para poder activarlo. Se habilitarán ayudas equivalentes al 2 % del PIB de cada país. Para España eso supone más de 25.000 millones de euros disponibles durante un año, prorrogable 6 meses más y reembolsable en 10 años. Llegado el caso, el MEDE también podría sopesar la compra de deuda de algunos países en el mercado primario si se ven acorralados por unas primas de riesgo al alza.

El tercer pilar tiene como protagonista al Banco Europeo de Inversiones (BEI). La entidad, muy escrupulosa con los avales y los préstamos que concede, ofrecerá más manga ancha para acudir al rescate del tejido empresarial. Ante la perspectiva de quiebras masivas, también entre las grandes compañías, el organismo podrá gestionar el todavía embrionario Fondo Paneuropeo de Garantías, alimentado con 200.000 millones de euros que se podrán inyectar a pequeñas, medianas y grandes empresas en riesgo a través de operaciones de alto riesgo que tendrán que estar avaladas, eso sí, por los Estados miembro (hasta 25.000 millones de euros). 

A pesar del esfuerzo por exprimir al máximo los recursos financieros disponibles en la zona euro, lo cierto es que el plan no satisface las demandas de países como España, Italia, Francia y Portugal. Sus Gobiernos insisten en la necesidad de colectivizar los gastos en lugar de ofrecer préstamos para cubrir las enormes lagunas presupuestarias de los países más azotados por el virus.