Las empresas, ávidas de liquidez: 418 solicitudes de préstamos bonificados por 34 millones
Desde el jueves se han disparado las peticiones para operaciones con aval de las SGR y tipo de interés cero
El número de solicitudes para la línea de financiación activada por la Xunta de Galicia el pasado jueves pone de manifiesto la urgencia con la que pymes y autónomos necesitan liquidez para afrontar gastos inmediatos. En tres días laborables, la Consellería de Economía ha contabilizado un total de 418 solicitudes de préstamos con tipo de interés bonificado y aval de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) del norte (Afigal) y sur (Sogarpo) de la comunidad gallega.
En conjunto, la suma de las operaciones de préstamos que se han recibido ascienden a 34 millones de euros. Ahora falta que se analicen las peticiones y se determine qué cantidad de los préstamos serán bonificados. Las condiciones de la línea de financiación establece un tope de 200.000 euros por crédito y el programa en su conjunto está dotado con 30 millones de euros que, según cálculos de la Consellería de Economía, formarán parte de operaciones por un volumen de 250 millones.
Construcción
Los titulares de los departamentos de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y Economía, Francisco Conde, mantuvieron una reunión con representantes de la Federación Gallega de la Construcción y de las asociaciones provinciales para evaluar el alcance de la línea de financiación autonómica de cara al reestablecimiento de la actividad.
Uno de los aspectos que se puso de relieve fue la importancia de los 100 millones de euros para políticas activas de empleo y que Conde instó de nuevo a que el Gobierno devuelva a la comunidad gallega. Aseguró que con esos fondos el año pasado se formaron 500 profesionales de la construcción que cuenta con 75.000 trabajadores, de los que 26.000 son autónomos.
Precisamente los datos actualizados a media mañana demuestran que la sangría continúa: un total de 31.326 solicitudes de ERTE para 199.993 trabajadores en Galicia, con más de 65.000 afectados en la provincia de Pontevedra; 55.000 en la de A Coruña y más de 36.000 por regulaciones de ámbito estatal.